Constantemente vemos noticias asociadas a la educación en los medios, y no es un tema menor, ya que ésta es la fuente fundamental que entrega a nuestros hijos conocimientos, competencias y valores, que no solo permiten un rico desarrollo personal sino que también un desarrollo a nivel de país. El problema es que las noticias que vemos son en su mayoría negativas.
¿Por qué los egresados de pedagogía no logran aprobar una prueba orientada a medir sus competencias como profesores (Prueba Inicia)? ¿Por qué cada año nos enteramos de nefastos resultados en las pruebas SIMCE? Teorías que explican esto hay muchas, y la falacia más recurrente es decir “porque la educación es mala”. Sin embargo, si bien podríamos llegar a conocer los factores que influyen en el inconveniente, con lo cual podríamos tener un atisbo de las causas que lo originan, la resolución de esto es otra cosa. Así nos encontramos con una problema de brecha educacional entre los colegios particulares y municipales, o entre colegios particulares y particulares subvencionados, donde los resultados de las pruebas tanto PSU como SIMCE, son mayores para los particulares. Por otra parte, la educación de una familia guarda gran relación con la calidad de sus pupilos como alumnos, ya que la familia también educa. Además, una familia con mayor educación tiende a tener mayores recursos como para matricular a sus hijos en colegios particulares. De esta manera podemos ver que el problema fundamental, o más urgente, es uno de desigualdad social en la calidad de la educación. Por lo tanto, la aplicación de las políticas públicas en estas materias se ha orientado exactamente a fortalecer la calidad de colegios municipales y/o particulares subvencionados.
Muchas son las propuestas de solución que se han implementado durante los últimos años, donde la totalidad de éstas están orientadas a alinear a los profesores que ejercen la docencia, enfocando los esfuerzos en obtener una mejora continua de los resultados cuantificables de educación. Es decir, las políticas existentes se han basado principalmente en medir resultados de pruebas aplicadas a alumnos, evaluaciones docentes a profesores, y evaluaciones del desempeño de los colegios relacionados al sistema público. Consecuentemente, las mediciones a las que se ha sometido la educación pública, se han intentado complementar con un sistema de bonificaciones e incentivos, que tratan de vincular tanto el desempeño de los profesores como el resultado del trabajo de éstos.
Un hito relevante en relación a esto último ocurrió en el año 1995, donde la ley 19.410 estableció un incentivo por desempeño de excelencia para los docentes de colegios públicos y particulares subvencionados. Luego en el año 2008 dicho incentivo se extendió también para el personal no docente, bajo la ley 20.244. Básicamente el incentivo es asignado solo si el desempeño de un colegio en particular es el mejor de un grupo de colegios, dentro de una región, en un periodo de dos años. El ministerio de educación establece previamente distintos grupos, los cuales contienen en su interior colegios que son comparables entre sí, homogéneos en recursos, rendimiento y otros factores. Luego cada grupo es medido bajo 6 criterios que originan un puntaje de desempeño, donde la ponderación mayor de dicho puntaje es obtenida según los resultados de la prueba SIMCE (37% bajo un criterio de efectividad, y un 28% bajo un criterio de superación). De esta forma se origina un torneo entre los diferentes colegios que pertenecen a un grupo, donde el ganador es el que termina con el mayor puntaje (el premio equivale a un monto mensual de $647 multiplicado por la cantidad de alumnos matriculados en el colegio, que se paga trimestralmente). Sin embargo, es posible que dentro de algún colegio ganador, existan profesores que hayan dado un bajo esfuerzo y que aún así estén siendo beneficiados por el esfuerzo de otros, a esto se le conoce como free-rider, y para atacarlo en parte, la ley establece que el 90% del premio es asignado a todo el cuerpo docente, y el 10% restante solo a los que según el sostenedor considere destacables. Sin embargo, esto no nos asegura realmente nada.
Otro suceso importante ocurrió en el año 2005, donde se aplica por primera vez la ley 19.933 concerniente a la evaluación docente, y la ley 20.158 que incorpora ciertos aspectos de una asignación variable por desempeño individual. Donde lo último concede al docente que ha tenido una evaluación docente destacable o competente, el derecho a obtener una asignación que va desde el 5% al 25% de la remuneración bruta mensual, lo cual dependerá de los resultados que el profesor obtenga en una prueba orientada a determinar la asignación que se merece (prueba AVDI). Pero el problema en esto es que ni la evaluación docente ni una prueba miden el desempeño de un profesor en las aulas, así, se podría estar premiando un resultado alto en las pruebas, que no necesariamente tiene asociado un desempeño alto en el trabajo como docente, por lo que existiría lo que se conoce como “Riesgo Moral”. Para disminuir dicho riesgo, es necesario entonces ligar el incentivo directamente al desempeño, o a un resultado que esté ligado lo más posible al desempeño que se desea premiar. Sin embargo, el actual sistema ya cuenta con un incentivo ligado a un resultado que parece tener más relación con el desempeño del profesor, el cual está relacionado con los resultados SIMCE. Sin embargo, el incentivo es a nivel de colegio, y para determinar la efectividad de éste es necesario identificar el grado de atractivo que tienen los premios para los profesores de dichos colegios porque de lo contrario se puede cometer el error de fijar un incentivo que tiene un beneficio más bajo que el costo relacionado al esfuerzo requerido para ganarlo. Luego se debe identificar la relevancia del problema del free-rider que se genera bajo este enfoque, ya que es posible que más que generar incentivos a dar un esfuerzo alto, todos quieran aprovecharse del esfuerzo del resto.
Entonces, podría ser adecuado considerar los resultados SIMCE como parte de la evaluación docente, o simplemente generar un incentivo individual para cada profesor que se base en los resultados de sus alumnos obtenidos en la prueba relacionada a su área. No parece imposible, ya que es factible hacer el seguimiento de los alumnos pertenecientes a un curso específico, y ver el profesor asociado a la materia en cuestión. La pregunta que viene entonces es ¿Por qué no se ha hecho? Una posible respuesta es que existe un riesgo a incentivar el entrenamiento de los alumnos en base a las pruebas SIMCE en vez de fomentar un aprendizaje integral. Por otra parte esto podría evitarse solo si el diseño de las pruebas es dinámico en el tiempo, así, los profesores se verían imposibilitados para dirigir sus esfuerzos a entrenar a los alumnos en base a una prueba, que no conocen en la forma, pero si en el contenido. Creo sinceramente que no sería raro ver una propuesta de tal envergadura en el futuro, más aún, si consideramos que las políticas de incentivos están siendo muy bien consideradas por el reciente ministerio de educación. Las más nuevas responden a becar a los alumnos destacados que ingresen a estudiar pedagogía y a premiar a los colegios con infraestructura según el puntaje obtenido en la prueba en cuestión.
